El reciente caso ocurrido en un colegio de Calama, donde un estudiante disparó contra una inspectora, quien falleció, dejó a una paradocente herida y agredió a otros estudiantes, no sólo nos conmueve como sociedad, sino que instala una preocupación profunda sobre el nivel de gravedad que pueden alcanzar los conflictos al interior de las comunidades educativas. Lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado ni reducirse a un episodio de violencia extrema; es, ante todo, una señal de alerta sobre las brechas persistentes en la formación, el acompañamiento y la corresponsabilidad adulta en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes.
